La nueva ley reconfigurará la política minera y cerrará una etapa en la que los empresarios prácticamente se hacían dueños de las concesiones mineras, las mismas que eran heredadas a sus hijos o subarrendadas a terceros.
Luego de leer el informe de la Comisión de Economía Plural y el proyecto de ley de 241 artículos, se abrió el debate en torno a cada uno de los siete Títulos y 31 Capítulos, que contienen normas sustantivas y adjetivas de procedimiento, además de una disposición transitoria, tres disposiciones finales, y la de abrogatorias y derogatorias.
El ministro de Minería, Mario Virreira, participó del debate para responder las dudas, interrogantes y críticas de los oradores. Según la autoridad del Ejecutivo, el proyecto de ley debe cumplir la función económico-social a través de la actividad continua en la minería.
Las normas de la Constitución Política del Estado, como no podía ser de otra manera, se constituyen en la base y orientación de la política minera que sigue proyecto en todos sus Títulos y capítulos, señala la Exposición de Motivos de la Comisión
El anteproyecto establece el cambio de régimen de la ex concesión minera, hoy denominada ATE, a Contrato Administrativo Minero a suscribirse por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en representación del Estado, como la entidad autárquica encargada de la otorgación, reconocimiento, renuncia, modificación y extinción de derechos mineros, así como de los procedimientos establecidos.
La futura norma reconoce, en concordancia con la Constitución Política del Estado, a tres actores productivos mineros: estatal, privado y sociedades cooperativas, los mismos que serán respetados en todos sus emprendimientos.
Fuente: Prensa Diputados
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