Pereira denuncia al Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes

Bapc (31-07-14).- El diputado cochabambino, Samuel Pereira Ágreda, anunció hoy la presentación oficial de una denuncia en contra del Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.

El anuncio fue realizado esta mañana en conferencia de prensa precisando que la misma está fundamentada en la labor de control social impuesta por el Art. 158 numeral 17 y Art. 241 parágrafo III de la Carta Magna.

“En el marco de las funciones de fiscalización que la Constitución asigna a los asambleístas estoy presentando denuncia contra los miembros del Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos de Incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, previstos en los Arts. 154 y 153 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción”, explicó tras agregar que la denuncia está dirigida, mediante carta, al Presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío Chávez.

El entrevistado justificó su denuncia en razón de que las autoridades referidas, en lugar de mejorar la infraestructura de la administración de justicia, se dedicaron a crear más cargos administrativos incumpliendo las atribuciones establecidas en el Art. 183 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial en materia de control y fiscalización, políticas de gestión y recursos humanos.

Pereira informó que a nivel nacional existen aproximadamente 800 jueces, sin embargo el personal administrativo bordea los 2 mil. “El mundo litigante demanda más juzgados, jueces, no más burocracia administrativa para brindar un efectivo servicio a la población que reclama de mayor trabajo al Órgano Judicial”, declaró.

Por otra parte indicó, que el Consejo de la Magistratura, no ha dado cumplimiento al mandato de revisar el Escalafón Judicial, establecido por la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, manteniendo hasta la fecha los cargos declarados transitorios en desmedro de la institucionalización.

Cabe mencionar que los miembros del Consejo de la Magistratura son: Cristina Mamani Aguilar, Roger Gonzalo Triveño Herbas, Wilma Mamani Cruz, Wilber Choque Cruz y Lic. Freddy Sanabria Taboada; Presidenta, Decano y Consejeros.

Por otra parte observó que en lugar de realizar auditorías jurídicas a jueces con antecedentes de corrupción y se los sancione, más bien se los hizo rotar llevándoles como jueces a las provincias.

Referente a la infraestructura judicial de Cochabamba, el diputado criticó que hasta hoy no se ha solucionado el problema de los ascensores generando un suplicio para la gente de la tercera edad y usuarios en general que deben trajinar desde planta abaja hasta el piso noveno.

Fuente: Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Cochabamba

Presidente de Diputados inauguró Taller sobre Transparencia y Acceso a la Información

PD (11-06-14).- El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, afirmó que todos los servidores públicos están en la obligación de brindar cada vez mejor servicio para atender los requerimientos de la población.

El diputado Elío inauguró la noche del jueves el Taller sobre “Transparencia y Acceso a la Información” organizado por la Dirección de Transparencia en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, y en el que participaron aproximadamente un centenar de servidores públicos.

“Tenemos que manejar las normas que hacen al acceso a la información, porque los recursos son del pueblo boliviano y tienen que administrarse con absoluta transparencia, honestidad”, dijo la autoridad legislativa al destacar loa avances en el país en cuanto a transparencia.

En otra parte de su discurso, Elío señaló la diferencia entre lo que significa ser funcionario público y servidor público. “El funcionario es quien trabajaba con horario, muchas veces llenaba crucigramas, atendía pésimamente al ciudadano que requería un trámite”, mientras que el servidor es la persona que atiende al ciudadano con calidad, calidez y responsabilidad.

Luego de la inauguración, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a la experta Alexandra Miranda, representante del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, quien expuso sobre la temática del Taller.

Miranda informó sobre las leyes y otras normas existentes que regulan los mecanismos para garantizar la transparencia en la gestión pública, además del acceso a la información pública.

Dijo, por ejemplo, que en el tema del acceso a la información, el Ministerio de Transparencia promueve transparencia, gestiona la información denegada vía judicial, recibe reportes de solicitudes de acceso a la información y sus resultados, en tanto que las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a gestionar de manera gratuita información denegada.

Fuente: Prensa Diputados

Suman denuncias contra autoridades judiciales

PD (15-04-14).- Un grupo de litigantes visitó hoy al presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Samuel Pereira Ágreda, con la finalidad de entregar y sumar denuncias contra jueces, vocales, investigadores y fiscales cochabambinos por retardación de justicia, prevaricato y corrupción.

El reclamo de los litigantes se hizo patente tras anunciar inclusive otras medidas de presión que busquen “depurar el sistema judicial” que -según ellos- no acompaña al clamor de la justicia de la población.

Juan Belisario Vargas Burgoa, Silvia Antezana de Paz, María Valdivia, Isaac Roberto García Antezana y Hugo Nicolay Mamani, son algunos de los litigantes que decidieron organizarse para presentar denuncia contra autoridades judiciales ante el Órgano Legislativo.

“Junto con otras personas, vamos a denunciar a estos malos vocales, jueces, fiscales y otros que se andan protegiendo. En la justicia existe una suerte de compadrerío que debe ser cortada de raíz”, dijo uno de los representantes.

Por su parte, el diputado Samuel Pereira informó que una Comisión del Régimen Disciplinario del Ministerio Público arribó a la ciudad de La Paz, hace un par de días, para recibir las quejas del mundo litigante. Fruto de ese trabajo se registraron 240 denuncias en contra de 80 fiscales, que presuntamente cometieron diversas faltas en el cumplimiento de sus funciones.

“Estamos ante una situación crítica que aparentemente se repite en nuestro departamento y que pretendemos poner coto con este trabajo de fiscalización que se está imponiendo desde el Órgano Legislativo. Pero también se presentan casos en los que fiscales o jueces hacen gala de un supuesto poder político que no tienen. No lo hemos comprobado, pero así nos refieren los denunciantes”, dijo el parlamentario.

Hoy tenemos un cierto número de denuncias que remitiremos a la ciudad de La Paz a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, instancia donde todas estas quejas serán evaluadas y, de existir pruebas suficientes, serán sancionadas de acuerdo a ley.

La comitiva de litigantes entregó las denuncias que serán enviadas a la ciudad de La Paz para su atención en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Juan Carlos Cejas.

Mediante Resolución N° 006/2014-2015, la Comisión de Justicia Plural amplía sus tareas de fiscalización en las diferentes regiones teniendo a las brigadas departamentales legislativas como medio para ejercer esa tarea.

Fuente: Prensa Diputados

Novillo cambia 11 cargos y pide transparencia

LT (21-01-14).- El gobernador Edmundo Novillo renovó ayer parte de su gabinete para la gestión 2014. La autoridad cambió dos de siete secretarios y a nueve de 24 directores. En el acto de posesión solicitó realizar un trabajo coordinado y transparente.

Novillo también posesionó a Omar Fernández, exdirigente de los regantes, como nuevo asesor de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana.

El cargo para Omar Fernández fue creado en esta gestión debido a que se consideró importante para el desarrollo de la región metropolitana, aseguró el Gobernador.

“El futuro de Cochabamba es la región metropolitana en su integridad, se tienen problemas comunes entre todos los municipios que deben resolverse con soluciones integrales”, dijo.

Según el director de Comunicación de la Gobernación, Jaime Choque, este cargo no forma parte de la estructura organizativa y se contrató por un año. Actualmente la Gobernación trabaja en un proyecto de ley para la creación de la región metropolitana.

El Gobernador cambio a la responsable de la Secretaría de la Madre Tierra, Tatiana Sanabria y posesionó a Cinthya Leny Vargas Amurrio y el exdirector del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) Hernán Ayala, fue posesionado como nuevo Secretario Departamental de Obras y Servicios. Pero mantuvo en sus cargos al Secretario General, Finanzas, Desarrollo Humano, Planificación y Desarrollo Productivo.

Los directores que no fueron ratificados fueron: Henry Terrazas, exdirector de Seguridad Ciudadana; Ruben Paichucama, exdirector del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), entre otros.

Novillo agradeció el trabajo de sus anteriores directores y secretarios e instó a los nuevos y ratificados sacar adelante la gestión. “Cualquier cambio es para mejorar, nosotros queremos imponer una calidad de gestión para el pueblo cochabambino poniendo el máximo esfuerzo. No debemos escatimar en el tiempo, nuestra mayor responsabilidad es el bienestar del pueblo cochabambino. No se puede dar calidad si no nos apegamos a la transparencia. No vamos a permitir ningún acto irregular de ningún funcionario, están obligados a tener una conducta transparente y regirse a las normas como principal conducta”, finalizó Novillo.

Economista en Madre Tierra

Cinthya Leny Vargas Amurrio es la nueva Secretaria Departamental de la Madre Tierra, ella es licenciada en economía y exsecretaria técnica de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, asegura tener el perfil adecuado para el cargo. “La compañera la conozco hace mucho tiempo, ha apoyado mucho al Gobierno Nacional y tiene mucha experiencia en lo político, social y técnico, yo la he admirado siempre por su lucha en transformar Bolivia, tiene grandes condiciones”, dijo el Gobernador Novillo en la posesión.

La nueva funcionaria deberá tratar temas ambientales de importancia como la recuperación del río Rocha y los problemas del Parque Tunari. El Gobernador afirmó que los ajustes fueron para mejorar la eficiencia.“Hay funcionarios que pueden tener mejor rendimiento, hay compañeros que tienen una formación no sólo en lo técnico, sino también política”.

Fuente: Los Tiempos

Directiva camaral de Diputados presentará mañana su rendición de cuentas final

PD (14-01-14).- La directiva de la Cámara de Diputados realizará este jueves 16 a las 9:00 horas la rendición pública de cuentas de la presente legislación, ante la presencia de autoridades del Estado, movimientos y organizaciones sociales, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y público en general.

En el acto, a tomar lugar en el Salón Andrés Ibáñez del Palacio Legislativo, la actual directiva camaral pondrá en conocimiento público el trabajo en las áreas legislativa y administrativa de la gestión 2013-2014, en cumplimiento al numeral 4 del artículo 235 y parágrafo II y VI del artículo 241 de la Constitución Política del Estado, referido a la responsabilidad de toda entidad pública de rendir cuentas con participación ciudadana y control social.

La directiva camaral, presidida por Betty Tejada Soruco, presentará datos estadísticos oficiales sobre las leyes aprobadas, las leyes sancionadas y las promulgadas, y datos de las peticiones de informe orales y escritos y las interpelaciones realizadas por los diputados.

En la parte administrativa se hará conocer un informe sobre los procesos y trámites realizados durante la gestión en tanto que en la parte financiera se presentará un informe sobre la ejecución presupuestaria.

La parte comunicacional mostrará los alcances de la implementación de tecnologías informáticas con las que se logró llegar a más población haciendo conocer toda la información generada en la Cámara de Diputados.

En la oportunidad se informará también sobre los foros de interés ciudadano impulsados desde la presidencia de la Cámara de Diputados.

Fuente: Prensa Diputados

Diputada Paco: En 2013 la Cámara de Diputados trabajó con las puertas abiertas al pueblo boliviano

PD (26-12-13).- La diputada chuquisaqueña Marianela Paco calificó a 2013 como un año de intenso trabajo en la búsqueda de consensos al interior de la Cámara de Diputados, tanto en materia legislativa como fiscalizadora.

La legisladora explicó que durante el 2013 los diputados trabajaron en permanente coordinación con diversos sectores de la población boliviana, generando importantes acuerdos para garantizar la implementación de los mandatos de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) a través de una cantidad significativa de nuevas leyes (131).

“La tarea de todos los legisladores es trabajar en el desarrollo de las leyes que respondan a todo lo que plantea nuestra CPE (porque) el compromiso de la Asamblea Plurinacional de Bolivia es con el pueblo”, explicó Paco.

En este sentido, la legisladora detalló que “esta ha sido una legislatura diferente porque se ha trabajado con las puertas abiertas a la población”.

Entre los ejemplos de esta labor resaltada por la legisladora oficialista están el nuevo Código Procesal Civil, promulgado el pasado noviembre luego de un proceso de socialización de más de un año con diversos sectores sociales como colegios de abogados y organizaciones sociales.

Otra ley trabajada bajo esta lógica fue el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, cuya aprobación fue postergada hasta enero de 2014 con el objetivo de incluir las demandas de niños y niñas trabajadores de Bolivia en sus artículos referidos al trabajo infantil.

Otra de las tantas leyes consensuadas fue la Ley de Modificación de la Ley de Pensiones aprobada en octubre de este año por los diputados en base a los acuerdos alcanzados por el Órgano Ejecutivo con la Central Obrera Boliviana (COB) en relación a su pliego petitorio de 2013.

Asimismo, la labor coordinada con la población boliviana se manifiesta en el hecho de que de las 131 leyes promulgadas en 2013, 29 provengan de las demandas de la Cumbre Social.

Al respecto, la Presidente de la Cámara de Diputados, Betty Tejada señaló que "no vamos a decir que en todas las leyes haya habido una satisfacción completa (de todos los sectores sociales), pero la Cámara de Diputados ha socializado su elaboración con todas las estructuras, sectores y organizaciones sociales de Bolivia".

Fuente: Prensa Diputados

Comisión que investiga privatización: consultoras privadas decidieron que empresas debían venderse o cerrarse

PD (12-12-13).- El diputado Marcelo Elío, integrante de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga la Privatización y la Capitalización de las Empresas Estatales y Recursos Naturales, informó ayer que se identificaron una serie de irregularidades en estos procesos, entre las que se encuentran la toma de decisiones de Estado por parte de instituciones privadas y el tráfico de influencias de políticos.

En este sentido, Elío detalló que se pudo evidenciar que sociedades de consultoras privadas fueron las que determinaron qué empresas debían privatizarse y cuales debían cerrarse así como los precios de venta de 60 empresas estatales.

Asimismo informó que el trabajo de la comisión identificó indicios de tráfico de influencias por parte de políticos de la época para que por un lado, el Estado vendiese su patrimonio y por otro, privados pudiesen beneficiarse del mismo.

Estas declaraciones fueron vertidas ayer en el programa Asamblea en Directo de la radio Patria Nueva, en el que Elío aclaró además que la investigación de la comisión fue netamente técnica por lo que los datos alcanzados deberán ser analizados con mayor detenimiento.

En efecto, el legislador adelantó que el proceso de investigación se irá profundizando debido a que el pueblo boliviano tiene el derecho de saber qué pasó con estas empresas y que intereses fueron los que permitieron que se quite al Estado la posibilidad de generar ingresos por medio del decreto 21060.

Por su parte la senadora Tania Melgar que también es parte de dicha comisión aseguró en el mismo programa que este primer informe es descriptivo y presenta datos cuantitativos de 4 empresas privatizadas que a raíz de su privatización perdieron 80 millones de dólares.

Melgar aclaró que se privatizó un número muy grande de empresas pero que el reciente informe presentado ayer se refiere a casos específicos como la fábrica de cerámicas de Cobija, la fábrica nacional de vidrio, la hilandería Santa Cruz y la fábrica de cemento El Puente.

De acuerdo a datos brindados por la legisladora, de las 60 empresas privatizadas en la primera etapa, el 87% eran productivas y 53% de estas estaban dedicadas a la industria alimenticia. “Este proceso de capitalización en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada fue una forma de enajenar las empresas estratégicas del Estado. Con esta modalidad se entregaron Entel, LAB, YPFB, ENFE, ENDE y ENAF a manos privadas extranjeras” explicó.

Fuente: Prensa Diputados

Diputados: Hay un importante avance en la lucha contra la corrupción

PD (9-12-13).- En el Día Internacional Contra la Corrupción celebrado hoy, diputados del oficialismo coincidieron en afirmar que, pese a que todavía hay mucho por hacer, en Bolivia hay un importante avance en la lucha contra este mal.

En este sentido, resaltaron la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción por parte del Presidente Evo Morales Ayma como uno de los factores que marcó un antes y un después en este tema.

“Gracias a la lucha que hemos emprendido desde todos los poderes del Estado velando los intereses de la patria y no así los intereses personales, hay un importante avance en la lucha contra la corrupción y eso se ve también a nivel internacional” sostuvo sobre el tema la legisladora Flora Aguilar, jefa de la bancada nacional del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según destacó Aguilar, la responsabilidad de la actual estabilidad económica que goza el país recae en parte en estas políticas, ya que “el pueblo boliviano era la mayor víctima de la corrupción”.

“La ideología del gobierno actual es que los servidores públicos deben servir al pueblo y no servirse del pueblo” recordó.

También el diputado pandino, Galo Bonifaz destacó el trabajo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción como “la primera institución de este tipo en la historia de Bolivia”.

“El 2006 no habían sentencias por temas de corrupción, hoy en día hay más de 80 sentencias y hay muchos corruptos que ya están en la cárcel, hay recursos económicos que se han ido recuperando en base de estas normativas y también hay acceso directo a la información de los funcionarios públicos a través de medidas como la publicación de la declaración jurada” afirmo.

Como Aguilar, Bonifaz destacó que gracias a estos avances, “en el ámbito internacional Bolivia es vista como un Estado que lucha contra la corrupción”.

A su turno el Subjefe de la bancada nacional del MAS-IPSP en la Cámara de Diputados, Jorge Medina, aseguró que el gobierno de Morales ha priorizado a la lucha contra la corrupción como ningún otro gobierno anterior, ya sea a través de la creación de un ministerio especializado así como a través de las normativas impulsadas desde la Asamblea Legislativa, como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que permite la investigación a enriquecimientos y fortunas ilícitas.

La lucha contra la corrupción en datos

Según datos oficiales proveídos por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, a la fecha existen 81 sentencias por hechos de corrupción, con una recuperación de Bs. 824.922.477 en bienes ilícitamente adquiridos en beneficio de todo el pueblo boliviano. Igualmente, las labores de este ministerio han conseguido que a la fecha existan 345 denuncias por hechos de corrupción de funcionarios públicos.

Destaca igualmente, la creación de 248 Unidades de Transparencia a nivel nacional, las mismas que tienen como función la supervisión de los recursos en todos los niveles del Estado y realizan tareas de prevención para evitar la corrupción.

Asimismo, a través de esta institucionalización 391 entidades públicas cumplen con el mandato constitucional de rendir cuentas al pueblo boliviano. De estas, 279 transparentan su información a través de sus sitios web en cuanto a sus ejecuciones presupuestarias, sus escalas salariales, contratación de personal, entre otros. 576 organizaciones cumplen con el control social sobre la supervisión de los recursos del Estado.

Asimismo, las labores del ministerio se realizaron cursos de capacitación sobre estos temas a 95.345 ciudadanos, de los cuales 46.323 fueron servidores públicos. Igualmente destaca la creación de un instituto boliviano de estudios en transparencia y lucha contra la corrupción IBEC, y la realización de cursos de postgrado para jueces, fiscales y servidores públicos.

Fuente: Prensa Diputados

Gerencia de Soboce y cementera El Puente respondieron cuestionario ante comisión mixta

PS (4-12-13).- La Comisión Especial Mixta que investiga el proceso de privatización y capitalización de empresas públicas recibió, en audiencia pública, a la gerencia de la fábrica de cemento El Puente de Tarija, para responder al cuestionario emitido por esta comisión.

El presidente de la comisión, senador Adolfo Mendoza, manifestó que los gerentes de la cementera respondieron las preguntas de la comisión, pero que no emitieron la documentación que respalde esto, descartando así las aseveraciones que hizo Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), quien manifestó que toda la información de El Puente estaba en la página web de la empresa.

“Hay una gran distancia entre lo que existe en la página web de Soboce y la información que nos han entregado, donde algunos respaldos faltan todavía.

Les hemos pedido a los señores representantes de El Puente que nos hagan llegar la documentación de respaldo respecto de las preguntas, y se han comprometido a hacerlo, además a colgar en la página web la información pertinente para que todo sea transparente, (…) Parece que sus gerentes son mucho más responsables que el señor Doria Medina, porque él está mintiendo, en el sentido que dice que toda la información está en la página web, lo cual no es cierto ni es evidente”, dijo.

Mendoza también explicó que la información emitida por la gerencia cementera varía con la información que esta comisión recogió en una inspección en Tarija. “Hemos podido establecer que hay una información que tiene la empresa y es otra la información que se ha recogido en el caso de Tarija, además que respecto del pago de regalías, el Legislativo tiene información de que solamente se reciben 1.500 dólares anuales, pero la gerencia difiere en ese dato y señala que el monto es superior”, manifestó.

Asimismo, el legislador negó las acusaciones del empresario cementero quien indicó que el gobierno pretende perjudicarlo políticamente en las elecciones presidenciales del año 2014.

“Con todo esto se descarta que exista alguna intencionalidad de afectar a Doria Medina como candidato, no nos interesa hacerlo, sí él se siente candidato y recibe apoyo de la ciudadanía es otra cosa. Aquí no se está investigando solamente al sector del cemento ni a una persona en particular, hay varios otros casos a nivel nacional que implican a otras personas en el proceso de privatización”, indicó.

La Comisión especial mixta que investiga el proceso de privatización y capitalización de empresas públicas realizará un evento este 11 de diciembre en la ciudad de La Paz, para informar sobre los avances del trabajo que viene realizando.

“Será un evento público donde vamos a explicar los avances de la comisión y, sobre todo, relatar cómo está marchando la primera fase de la investigación, que es una fase descriptiva: la cantidad de empresas privatizadas, aquellos casos seleccionados que no se refieren a ninguna persona en particular. Este evento contará con comentaristas a nivel nacional, gente que ha participado de forma académica en el proceso de privatización y donde la ciudadanía también pueda participar”, finalizó.

Fuente: Prensa Senado

Cámara de Diputados obtiene el primer lugar en transparencia y lucha contra la corrupción

PD (8-10-13).- La Cámara de Diputados, a través de su Dirección de Transparencia, obtuvo el “primer lugar” en la convocatoria “Buenas Prácticas en la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, auspiciada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, con su estrategia denominada “Campaña de vacunación para prevenir y combatir la corrupción”.

El objetivo del llamado realizado por el Ministerio de Transparencia tuvo como propósito “identificar actividades exitosas e innovadoras que contribuyan al fortalecimiento y lucha contra la corrupción”. En ese proceso participaron 27 instituciones públicas tanto del nivel central como municipal.

La Cámara de Diputados tiene como objetivo principal atender el 100 % de requerimientos de leyes, proyectos de ley, peticiones de informe a través de la función de legislar, fiscalizar y gestionar el trabajo intercultural con “transparencia y calidad”.

Es así que en lo que se refiere a “Transparencia” se determina exponer y someter al análisis del pueblo la información relativa a la gestión legislativa con transparencia para una mejor imagen y percepción de la población en un periodo legislativo, en cumplimiento del mandato “cero tolerancia a la corrupción” del Presidente Evo Morales.

La experiencia de cómo hacer frente a las actividades irregulares y prevenir a los servidores y servidoras fue plasmada en el texto “Buenas Prácticas de las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, publicado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

Este reconocimiento del trabajo que realiza la Cámara de Diputados para transparentar sus actividades y luchar contra la corrupción fue dado a conocer el pasado 4 de octubre durante la III Cumbre Plurinacional de Unidades de Transparencia, oportunidad en que se entregó el libro.

Campaña de vacunación

La campaña para combatir la corrupción en la Cámara de Diputados se aplicó con el uso de afiches caseros y la copia textual de un tipo penal de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz además de una imagen, por lo general una caricatura relacionada al tipo penal descrito, pegado en los pasillos y ascensores de esta instancia legislativa.

Este proceso se concientización se desarrolló en tres etapas: la primera experiencia fue con los afiches en blanco y negro, la segunda fue la presentación a todo color y por último se incorporó en los avisos imágenes de dibujos de reos, “situación que captó la atención de todas las servidoras y servidores públicos de la institución”.

El nombre de “Campaña de vacunación para prevenir y combatir la corrupción” fue elegido de forma espontánea con la intencionalidad de ser diferentes, innovadores, sin querer provocar cansancio en los funcionarios de la institución.

Este proceso informativo contempla la difusión de todos los tipos penales de acuerdo con la ley anticorrupción (Marcelo Quiroga Santa Cruz) y la inclusión de temas de la cotidianeidad de la Cámara de Diputados, llevan a la reflexión y profundiza en la “Cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción”, propuesta por el Presidente Evo Morales.

Fuente: Prensa Diputados

Cochabamba será sede de conferencia de la Celac sobre lucha contra la corrupción

Efe (12-08-13).- Cochabamba acogerá en noviembre próximo una conferencia sobre transparencia y lucha contra la corrupción auspiciada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), anunció hoy una fuente oficial.

Está previsto que a este foro, que se realizará el 8 de noviembre, asistan representantes de 33 países, según adelantó en Cochabamba la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, en declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI.

"Van a estar presentes 33 países, que queremos que nos comprometamos principalmente con una lucha frontal contra la corrupción", afirmó la ministra.

Suxo indicó que la conferencia también servirá para que los países presentes asuman la tarea de crear herramientas de medición y prevención, y puso como ejemplo el mecanismo de rendición pública de cuentas que se emplea en Bolivia.

Fuente: EFE

Jornada de capacitación sobre transparencia y lucha contra la corrupción en Cochabamba

(12-08-13).- En el marco de las ‘Jornadas Departamentales de Capacitación a Brigadas Parlamentarias Departamentales’, organizadas por la Cámara de Senadores, con el auspicio de la Fundación Hanns Seidel, el pasado viernes 9 de agosto, durante todo el día, se realizó el evento correspondiente a Cochabamba.

Bajo la modalidad de exposiciones especializadas, más de 40 funcionarios públicos de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Cochabamba (BAC), Asamblea Legislativa Departamental, Gobernación y otras instituciones, participaron de la capacitación que estuvo a cargo de dos expertos llegados de la ciudad de La Paz. Los temas analizados fueron:

• El Vivir Bien
• Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
• Ley 004, ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’ de Lucha contra la Corrupción
• Responsabilidad por la Función Pública
• Aspectos Generales de la Ley 1178

La jornada de capacitación y reflexión sobre tan importantes temas tuvo lugar en el hemiciclo de la BAC y contó con la presencia de la senadora Carmen Peredo, su presidenta, así como vari@s diputad@s y funcionarios de la Cámara de Senadores.

Una vez concluida la sesión, que se desarrolló de manera ininterrumpida, las autoridades y representantes plurinacionales presentes entregaron a los participantes sus correspondientes certificados con valor curricular, resaltando, en palabras de circunstancia, el imperativo de un cambio de actitud de parte de los servidores públicos, para acompañar el actual proceso de transformaciones que vive Bolivia.

Fuente: BAC

Diputados analizan el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

PD (12-07-13).- El acceso a la información aún no se encuentra normado bajo el rango de una ley y sólo existen decretos y disposiciones constitucionales que son insuficientes para que la población pueda acceder a los datos sobre la administración estatal en sus diferentes gobiernos, sea central, departamental, municipal, regional e incluso el régimen indígena originario campesino.

La futura norma reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental, y obliga a las entidades del Estado a publicar información sin necesidad de solicitud previa, teniendo como principio la transparencia y la publicidad.

Ámbito de aplicación

De acuerdo al proyecto, la normativa se aplicará a los cuatro Órganos del Estado, en todos sus niveles, al Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y las entidades territoriales autónomas, incluyendo las autonomías indígenas originario campesinas. A las entidades públicas, las empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas mixtas.

Serán reguladas también las personas privadas, naturales o jurídicas que hayan suscrito contratos con el Estado o tengan autorización del mismo, para la prestación de servicios públicos. Además de las entidades privadas en las que el Estado Plurinacional tenga participación económica y a las entidades privadas que reciban fondos o bienes, de cualquier origen, para la consecución de fines de interés público o fines sociales.

Las disposiciones del proyecto de Ley de Transparencia no serán limitativas a organizaciones sociales, actores sociales u otras organizaciones de la sociedad civil del Estado Plurinacional, que tengan la predisposición de poner en conocimiento de la sociedad información que se considere de interés público.

Principios y difusión

El proyecto de Ley se sustenta en los siguientes principios: “suma qamaña”, la ética pública, el interés público, celeridad, accesibilidad, máxima publicidad, gratuidad, buena fe e inclusión.

Todas las entidades públicas y las que prestan servicios publicarán y difundirán por los medios oficiales todas las normas de carácter general que dictaren. El Estado Plurinacional, además de publicar las normas, promoverá su difusión a través de todos los medios posibles, de tal modo que lleguen a los interesados y la sociedad en general.

Los medios para publicar y difundir la información pública, de manera enunciativa y no limitativa, son los portales web de internet, los medios impresos, los medios de comunicación masiva, audiovisuales y todo aquel medio o recurso idóneo que permita lograr la máxima publicidad y difusión pública. Es responsabilidad de las entidades públicas y las entidades privadas que prestan servicios públicos, crear, mantener y gestionar los archivos de información pública.

El material difundido deberá permitir a la sociedad, sus ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales y actores sociales, participar y ejercer control social de la gestión pública para una adecuada rendición de cuentas de las autoridades.

Material a difundir y gobierno en línea

En el proyecto de Ley se definen la información mínima que deben presentar las diferentes instancias gubernamentales respecto a los procesos de contratación de bienes y servicios, los dictámenes de auditorías, las declaraciones juradas, el presupuesto general anual, los estados financieros, procesos judiciales, planes de desarrollo, información estadísticas sobre la deuda externa, manejos de las reservas internacionales, entre otros.

Con el objetivo de dar a conocer toda la información de manera centralizada, en el documento se establece la “creación” del portal “web de internet del Gobierno”, como medio de soporte informático y electrónico.

Acceso a la información

Todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras, tienen el derecho de solicitar y recibir información pública de parte del Estado.

“En ningún caso se exigirá a los peticionarios o solicitantes expresión de causa o motivo para el ejercicio de este derecho”.

Es así que el Estado está en la obligación de promover, desarrollar y establecer políticas, medidas y acciones para garantizar la atención, procesamiento y entrega de la información y documentos públicos, en forma oportuna, completa, eficiente y gratuita.

La información pública, en sus fases de inicio, procesamiento o conclusión, puede estar contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato o soporte. “No será necesaria orden judicial o requerimiento fiscal, para solicitar y obtener información y documentos públicos”.

Procedimiento

La solicitud de información podrá ser realizada en forma escrita, verbal o por medio electrónico, previa verificación de que dicha información no se encuentre en la página web u otro medio de información de la entidad pública, y deberá ser debidamente registrada.

El pedido se realizará a la Unidad de Transparencia, el Oficial de Información o al responsable designado por la entidad. En caso de que éste no se hubiera designado o fuere de desconocimiento del interesado, la solicitud se dirigirá a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad que posee la información.

La solicitud de información escrita deberá contener: nombre completo del solicitante, descripción o detalle claro y preciso de la información solicitada, información de contacto para recibir notificaciones y recibir la información.

En caso de que la solicitud sea verbal, el servidor público responsable deberá registrar o transcribir debidamente, los datos que se señalan en el parágrafo anterior en un formulario especial, la cual el solicitante deberá firmar. No deberá haber costo alguno para la presentación de solicitudes.

Las entidades sujetas a la aplicación de la Ley, podrán habilitar mecanismos o medios alternativos para recibir las solicitudes de acceso a la información y su entrega, como ser fax, correo electrónico y teléfono.

Entrega de la información

La entidad requerida a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo máximo de diez días hábiles. Si la entidad no posee la información solicitada, pero conoce su ubicación, deberá comunicar tal circunstancia al solicitante, dentro de este plazo.

El plazo de entrega podrá prorrogarse por veinte días hábiles adicionales cuando: i) se deba reunir o procesar la información sea complejo o difícil o ii) el volumen de la información sea grande. La prórroga debe ser debidamente justificada.

La prórroga de plazo deberá ser comunicada al interesado por cualquier medio, antes del vencimiento del plazo fijado para proporcionar la información. De no mediar respuesta o la entrega de la información dentro del plazo previsto, el solicitante podrá considerar denegado su pedido.

En caso de pérdida o destrucción de documentos públicos, la entidad requerida tiene la obligación de comunicar por escrito al solicitante tales hechos y promover el inicio de las acciones legales que correspondan.

La información pública deberá será entregada en la forma en la que se encuentra, no pudiendo el solicitante obligar a la entidad a procesar la misma de tal modo que importe recursos y medios adicionales extraordinarios.

Costos

La entrega de la información pública no tiene ningún costo para el peticionario. De ser posible la entidad requerida enviará por correo electrónico la información solicitada.

Cuando la información sea solicitada en otros soportes, la entidad pedirá dicho soporte al solicitante. De ser necesaria la utilización de papel, fotocopias u otros medios de reproducción, la entidad requerida cuantificará el costo y lo comunicará al solicitante para que éste cubra el monto.

Excepciones al acceso a la información

El derecho de acceso a la información no podrá ser ejercido sobre la información clasificada como secreta, reservada o confidencial.

Se considera información secreta aquella relativa a la seguridad interna o externa del Estado, cuya divulgación o difusión pueda poner en riesgo al Estado Plurinacional. La información secreta se clasificará mediante Leyes que serán promovidas por las entidades que así lo requieran. Estas leyes contendrán un listado específico de la información que considere que debe ser secreta.

Por otra parte se considerará información reservada: a) aquella cuya calidad de reservada se halle establecida mediante leyes o decretos supremos aprobados en materias distintas a seguridad del Estado. b) aquella información que se clasifique como reservada mediante el procedimiento de clasificación establecido en la presente ley, solamente cuando se trate de seguridad del Estado, interna o externa.

La información confidencial es aquella: a) referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas, b)” protegida por el secreto profesional, conforme a Ley”, c) cuya divulgación o difusión puede poner en peligro la vida, la integridad y la seguridad de las personas y d) referida a niños, niñas y adolescentes, cuya divulgación o difusión ponga en riesgo su salud, honor, integridad y seguridad.

Estas son las únicas excepciones son las únicas que pueden alegar las autoridades o entidades para restringir o negar el acceso a la información; no obstante, en caso de duda siempre deben interpretarse a favor del derecho de acceso a la información.

Plazos para la entrega de información

La información ya sea secreta, reservada o confidencial, será pública de acuerdo a los siguientes criterios:

• La información secreta, estará restringida por un plazo máximo de veinte años cuando se trata de información sobre seguridad externa; y de diez años cuando se trata de información sobre seguridad interna.
• La información reservada, estará restringida mientras: i) no exista una orden judicial emitida por un juez dentro de un proceso o ii) no se emita una norma igual o superior a la que haya servido para restringirla, que deje sin efecto la restricción.
• La información confidencial será accesible por orden judicial. La restricción de confidencialidad no es oponible al titular de la información.

Al vencimiento de los plazos establecidos, la información restringida será de libre y público acceso, sin mayor trámite o formalidad que la que establece la presente Ley para solicitarla.

Clasificación de la información pública

La información sobre seguridad del Estado, sea esta interna o externa, podrá ser clasificada como reservada, en cumplimiento del artículo 237 de la Constitución.

El responsable de la clasificación es la Máxima Autoridad de la entidad.

La clasificación se realizará mediante resolución expresa, que contendrá como mínimo: fecha, mención al documento o información a clasificarse y el motivo y fundamento legal.

El plazo de restricción no podrá ser mayor a lo establecido en el proyecto de Ley de Transparencia. Al vencimiento del plazo, el documento o información quedará automáticamente desclasificado.

El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para la debida custodia y conservación de los documentos clasificados.

La clasificación de la información no podrá efectuarse con posterioridad a una solicitud de información.

La información clasificada previamente, podrá ser desclasificada antes del vencimiento del plazo de restricción, mediante decisión motivada y fundada emitida por la autoridad correspondiente, siempre y cuando los motivos que dieron lugar a la clasificación hayan desaparecido.

Exención

No podrá invocarse el carácter de información clasificada cuando se trate de la investigación de violaciones de graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Esta información será accesible sin mayores requisitos a las establecidas líneas arriba.

En caso de negarse al solicitante, éste podrá impugnar la decisión ante otras instancias a través de los recursos constitucionales previstos en la Carta Magna. La entidad requerida debe fundamentar la negación de la información mediante la carga de la prueba. Es decir, demostrar que la información solicitada está sujeta a una de las excepciones establecidas por Ley.

Visibilizar la información

• No sólo todas las entidades públicas estarán obligadas a visibilizar la información. Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública y prestadora de servicios públicos, también son sujetos obligados de esta Ley.
• Se establecen criterios mínimos de publicación de información sobre los servicios y estructura de las entidades.
• El tiempo de la reserva será de 20 años.
• Si la entidad rechaza solicitud de información, debe presentar pruebas y argumentos para mantener la reserva.
• Se dan garantías para que los diferentes grupos étnicos y culturales accedan a la información que los afecta. También se obliga a que se deba adecuar el acceso a la información para las personas en situación de discapacidad.

Fuente: Prensa Diputados

Descentralizarán los servicios de Derechos Reales en el departamento

LT (8-02-13).- La representación distrital del Consejo de la Magistratura anunció que se descentralizarán los servicios de Derechos Reales en el departamento, con el objetivo de “aliviar las filas” que se registran a diario para los trámites.

De acuerdo con la institución las filas para acceder a los trámites se deben a varios factores como el aumento de la población y la existencia de tramitadores.

El plan a mediano plazo es descentralizar el servicio en los municipios de Ivirgarzama, Punata, Capinota y Quillacollo.

Ante la gran afluencia de personas para realizar trámites, la oficina de Derechos Reales, ayer, decidió cerrar la puerta con un palo para organizar el ingreso y salida de ciudadanos, aparentemente, para evitar congestiones.

La representante Distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Karen Vidal Justiniano, indicó que “la política del Consejo de la Magistratura es la de descentralización, por el crecimiento poblacional”.

Añadió que por esta razón en Ivirgarzama se abrirá una oficina de Derechos Reales, que comenzará a funcionar en un mes.

La representante informó que se reforzará la atención de Derechos Reales en Quillacollo, Punata y Capinota.

“En total, son aproximadamente cinco oficinas más que se abrirán”, indicó Karen Vidal.

Otro de los proyectos es la apertura de Derechos Reales en el Distrito 9 de la ciudad.

Vidal denunció que uno de los problemas en la institución son los tramitadores, que realizan más de un documento y dificultan el acceso a este servicio.

Agregó que “la presencia de tramitadores, complica el servicio, porque en algunos casos absorben de uno a diez trámites”.

La representación aclaró que “cada tramitador sólo tiene derecho a un trámite”.

Fuente: Los Tiempos

Organizaciones presentan a Evo Anteproyecto de Ley de Participación y Control Social‏

PV (30-10-12).- Las organizaciones sociales del país presentaron la noche del lunes al presidente Evo Morales Ayma, el Anteproyecto de Ley de Participación y Control Social que tiene el objeto de establecer el marco general de la fiscalización a las instituciones públicas de los cuatro órganos del Estado Plurinacional de Bolivia.

En acto realizado en hall de Palacio Quemado participaron el Jefe de Estado, el vicepresidente Álvaro García Linera, la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardy Suxo, dirigentes de organizaciones sociales del país e invitados especiales.

En la ocasión, la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción explicó que el Anteproyecto de Ley que consta de 41 artículos, cinco títulos, tres disposiciones transitorias y cinco derogatorias tiene el propósito de ejercer el control social en todas las acciones públicas de los cuatro órganos del Estado, en las empresas públicas descentralizadas y autárquicas, empresas mixtas, empresas privadas que prestan servicios públicos y a las entidades autónomas en el marco de la Ley de Autonomías.

La iniciativa que será presentada este martes al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, fue trabajada desde 2008 con 1.557 representes de 305 organizaciones sociales del territorio nacional en coordinación con técnicos del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El Anteproyecto de Ley fue consensuado y construido desde las bases con el propósito de fortalecer la participación de la población en la gestión pública a través de audiencias y rendiciones de cuentas las denuncias de corrupción y la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información.

En la ocasión, el presidente Evo Morales Ayma, pidió a los proponentes de la norma y a la Asamblea Legislativa que se incluya en la nueva norma el control social a los dirigentes de las organizaciones sociales desde sus bases para evitar que se corrompan.
“Siento que hay un vacío, espero que no se molesten, tal vez uno o dos pueden molestarse, no solamente la corrupción están en las autoridades de las alcaldías y de la Gobernación sino también lamentablemente en algunos dirigentes y creo que no está eso en la norma de control social”, manifestó.

“Quiero comentarles mi experiencia, yo vivo más de experiencias que de los libros, recordará hermano Álvaro, una vez una fuerza social en 2007 ó 2008 nos han impuesto a un Viceministro, y buen Viceministro, aceptamos, la gente que propone algunos profesionales con mucha conciencia social son bienvenidos, pasa los tres o cuatro meses el Viceministro nos trae su renuncia, ¿por qué está renunciando si está trabajando muy bien?, y el Viceministro nos dice Presidente no soporto el cargo porque el dirigente principal de la organización que ha propuesto que sea Viceministro me saca plata y no me alcanza el sueldo para eso, yo no voy a robar para dar plata a ese dirigente, quiero renunciar y ha renunciado”, contó el Primer Mandatario.

“No estoy mintiendo hermanos y hermanas, no quiero que se molesten, no son todos ni todas, pero a veces por culpa de uno todos quedamos mal y eso también debería estar en la Ley de Control Social, para ver cómo las bases controlan a sus principales dirigentes, porque el principal dirigente a nombre de sus bases pide plata y pide plata”, concluyó el presidente, Evo Morales Ayma.

Fuente: Prensa Vicepresidencia