PD (12-12-13).- El diputado Marcelo Elío, integrante de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga la Privatización y la Capitalización de las Empresas Estatales y Recursos Naturales, informó ayer que se identificaron una serie de irregularidades en estos procesos, entre las que se encuentran la toma de decisiones de Estado por parte de instituciones privadas y el tráfico de influencias de políticos.
En este sentido, Elío detalló que se pudo evidenciar que sociedades de consultoras privadas fueron las que determinaron qué empresas debían privatizarse y cuales debían cerrarse así como los precios de venta de 60 empresas estatales.
Asimismo informó que el trabajo de la comisión identificó indicios de tráfico de influencias por parte de políticos de la época para que por un lado, el Estado vendiese su patrimonio y por otro, privados pudiesen beneficiarse del mismo.
Estas declaraciones fueron vertidas ayer en el programa Asamblea en Directo de la radio Patria Nueva, en el que Elío aclaró además que la investigación de la comisión fue netamente técnica por lo que los datos alcanzados deberán ser analizados con mayor detenimiento.
En efecto, el legislador adelantó que el proceso de investigación se irá profundizando debido a que el pueblo boliviano tiene el derecho de saber qué pasó con estas empresas y que intereses fueron los que permitieron que se quite al Estado la posibilidad de generar ingresos por medio del decreto 21060.
Por su parte la senadora Tania Melgar que también es parte de dicha comisión aseguró en el mismo programa que este primer informe es descriptivo y presenta datos cuantitativos de 4 empresas privatizadas que a raíz de su privatización perdieron 80 millones de dólares.
Melgar aclaró que se privatizó un número muy grande de empresas pero que el reciente informe presentado ayer se refiere a casos específicos como la fábrica de cerámicas de Cobija, la fábrica nacional de vidrio, la hilandería Santa Cruz y la fábrica de cemento El Puente.
De acuerdo a datos brindados por la legisladora, de las 60 empresas privatizadas en la primera etapa, el 87% eran productivas y 53% de estas estaban dedicadas a la industria alimenticia. “Este proceso de capitalización en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada fue una forma de enajenar las empresas estratégicas del Estado. Con esta modalidad se entregaron Entel, LAB, YPFB, ENFE, ENDE y ENAF a manos privadas extranjeras” explicó.
Fuente: Prensa Diputados
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