En efecto, la ley permitirá la creación de la Comisión de la Verdad que tendrá 36 meses para investigar las desapariciones de personas acaecidas entre el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. Tras este periodo la misma deberá entregar un informe detallado con los resultados de sus indagaciones, que establezcan responsabilidades en los casos de violaciones de Derechos Humanos y el paradero de los restos de los desaparecidos.
La Comisión estará constituida por un representante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), dos representantes de organizaciones de Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Justicia (que presidiera la comisión), un representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Gobierno y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ley establece asimismo que la Comisión tendrá la misión de coordinar sus indagaciones con entidades públicas o privadas, acceder a inmuebles privados y públicos con fines investigativos, recepcionar denuncias, pruebas y presentarlas así como denunciar ante el Ministerio Público cualquier acto de ocultamiento de información.
También deberá realizar actividades de compilación y sistematización de información documental y testimonial y recomendar políticas públicas dirigidas a la reparación moral por parte del Estado a las víctimas directas y sus familias.
El proyecto de ley contempla, sin embargo, que esta comisión no podrá duplicar las atribuciones y funciones que constituyen materia exclusiva del Órgano Judicial y del Ministerio Publico.
Fuente: Prensa Diputados
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