“Se ha calculado que en esta primera ola fueron más o menos 87 millones de dólares que se esperaba recaudar, (según) datos extractados de contratos, resoluciones y decretos supremos, pero la inversión estatal fue superior a mil millones de dólares, que además contó con un préstamo condicionado; el país se endeudó para vender las empresas”, explicó el senador Adolfo Mendoza (MAS), presidente de esa instancia legislativa.
El senador oficialista explicó que a pesar de esa erogación “no se recuperó ni el 10% de lo que el Estado invirtió”. Al rendir un informe en la Vicepresidencia, Mendoza afirmó que la privatización respondió a una “acción sistemática” impulsada por los partidos que controlaron la llamada “democracia pactada”, integrada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
Durante esta primera fase de la investigación, la comisión evidenció que el empresario y jefe político de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue actor en el proceso de la privatización de empresas.
“La responsabilidad del señor Doria Medina es que como ministro de Planeamiento participó de un grupo consultivo de París y prometió que en dos años liquidaría todas las empresas estatales (...). Este es uno de los ejemplos de cómo se saquearon los recursos de nuestro país y la potencialidad económica de los departamentos”, sostuvo Adolfo Mendoza. La pasada semana, Doria Medina aseveró que el Gobierno, a través de esta comisión, ha iniciado una suerte de “persecución política”.
Informe
Serán investigadas tres etapas. La primera concluyó y se prevé terminar con las restantes el primer trimestre de 2014. Según el informe, de las 60 empresas, el 87% realizaba actividades productivas. De éstas, el 53% estaba en el rubro de la alimentación.
El legislador sostuvo que acabó la investigación de la primera etapa en su versión descriptiva, y que ahora resta la fase de análisis respecto de los elementos jurídicos. Aseveró que en ese tiempo había esta suerte de “pasanaku político” entre las autoridades de turno y algunos prefectos (1989-1993), que fueron consultores durante los gobiernos posteriores a sus gestiones.
“Algunos fungían como oficialistas y otros como opositores, (que se hacían cargo del Gobierno) en una suerte de pasanaku, lo cual explica la movilización de redes de poder para la privatización de las empresas”, señaló el legislador durante el informe.
Como elemento adicional, dio a conocer que hubo “injerencia” de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia en esa primera etapa, para impulsar las privatizaciones y el condicionamiento de créditos del Banco Mundial a los que el país aspiraba.
“La embajada (de EEUU) instaba a la privatización, ordenaba y condicionaba créditos para el país, a que se dé la privatización (...) Bolivia iba a ser dejada al margen de cualquier tipo de función económica, donde el Estado sólo tenía que regular normativamente un proceso de privatización”, señaló.
Mendoza remarcó que los mecanismos partidarios y la legación estadounidense fueron los elementos que empujaron al proceso de capitalización, aunque mencionó también la existencia de “iniciativas” privadas que se beneficiaron, empero no dio mayores detalles al respecto.
En julio de este año, el vicepresidente Álvaro García Linera ordenó la conformación de esa comisión especial de investigación a los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer Suárez, que ejecutaron la privatización de un total de 93 empresas estatales.
La Memoria histórica del proceso
El senador Mendoza aseguró que la investigación legislativa no busca judicializar el tema, sino rescatar la memoria histórica, para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes y ellas tomen las acciones pertinentes.
Ley
La Ley de Privatización 1330 de 1992 “autoriza a las instituciones, entidades y empresas (...) públicas enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas”.
Doria Medina habla de represalias contra él
El empresario cementero y jefe de UN, Samuel Doria Medina, descalificó la investigación de la comisión oficialista de la Asamblea Legislativa. Indicó que se trata de “una represalia” en su contra por haber denunciado casos de corrupción en obras que ejecutan diferentes instancias del Gobierno y empresas estatales.
“Es un proceso que se llevó adelante hace 20 años, que curiosamente ahora se les ocurre investigar. Creo que el pueblo boliviano tiene clara conciencia de que son represalias por las denuncias de corrupción que venimos haciendo”, remarcó.
En octubre, el opositor denunció un sobreprecio de unos $us 382 millones en tres proyectos que ejecuta el Gobierno: el teleférico La Paz-El Alto, el ingenio azucarero en San Buenaventura y la planta de urea y amoniaco. En respuesta, autoridades del Gobierno dieron ruedas de prensa en las que rechazaron las denuncias.
“Estamos viviendo en un tiempo en el que cuando se pone el dedo salta la pus, hemos visto (también) el caso del Fondo Indígena, donde se han erogado más de 100 millones de dólares y sólo un proyecto se ha llevado adelante. Entonces, ésa es la causa de la investigación y de las respuestas que se tienen del Gobierno”, aseveró ayer Doria Medina ante periodistas.
El Gobierno solicitó que el jefe de UN presente pruebas de sus denuncias, y hace unas semanas el senador Adolfo Mendoza (MAS) sostuvo que “Doria Medina no puede preocuparse porque la responsabilidad de esta comisión es investigar el proceso de privatización y sacar conclusiones”. Empero Claudia Bravo, representante de la dirección política de UN, dijo que se pretende inhabilitar a Doria Medina como candidato en las elecciones de 2014.
Fuente: La Razon
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