La ley tiene por objeto establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierra. Asimismo, es objeto de la normativa modificar el Código Penal incorporado nuevos tipos penales contra el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana y rural.
La nueva norma está compuesta por nueve artículos dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria.
En este sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, informó que se trata de un “proyecto que va a resolver, al fin, el tema de avasallamientos, no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima”.
Tras un intenso debate de cerca de cuatro horas, el pleno de la Cámara en su sesión ordinaria 209 sancionó la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras que identifica uno de los problemas críticos que afectan a diferentes comunidades, municipios y regiones de Bolivia.
Entre sus principales medidas, la normativa establece procesos abreviados para combatir el avasallamiento y el tráfico de tierras. Estos estarán a cargo de los juzgados agroambientales y penales, cuyos procedimientos de desalojo serán de un máximo de 5 días a partir de la fecha de la recepción de la denuncia.
Asimismo, la normativa incorporará al Código Penal las figuras del “tráfico de tierras”, consistente en el arriendo, negocio o donación, la compra-venta, permuta de tierras individuales o colectivas ajenas. Estas acciones tendrán penas de privación de libertad de 3 hasta 8 años.
La figura del avasallamiento consistirá en cambio en la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado. Quienes cometan estas acciones serán sujetos a penas de privación de libertad de 3 a 8 años.
También establece que en caso de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes de patrimonio del Estado, corresponderá al Ministerio Público promover la acción penal.
El proyecto de ley, remitido por el Senado, fue revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de diputados, y está compuesto por nueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria.
Fuente: Prensa Diputados
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