Este proyecto de ley responde a la normativa establecida en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado que determina que el Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que estas no cuenten con los recursos económicos necesarios.
La normativa busca generar el equilibrio entre la acusación promovida por el Estado a través del Ministerio Público y la defensa Pública de las y los usuarios de este servicio, quienes son personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad económica de pagar una defensa legal.
La propuesta garantiza también la inviolabilidad del derecho de defensa y el acceso a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita. El Servicio Plurinacional de Defensa Pública ejercerá sus funciones con el propósito de lograr una alternativa favorable a la solución del conflicto evitando por todos los medios la retardación de justicia.
Este servicio además desempeñará sus funciones en el territorio nacional para asumir la defensa técnica desde el primer acto del proceso penal hasta la ejecución de la sentencia. El servicio se otorgará también a favor de las personas imputadas que hayan sido declaradas rebeldes a la ley ejerciendo la defensa técnica en plena observancia del principio de probidad. Las personas adultas mayores y menores de 18 años tendrán acceso directo al Servicio.
Esta institución funcionará bajo los principios de autonomía, independencia, legalidad, probidad, gratuidad, idoneidad, unidad, conciliación, responsabilidad, celeridad, complementariedad, eficiencia, eficacia y efectividad, calidez y calidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.
El proyecto de ley contiene cincuenta y cinco artículos divididos en cinco títulos, tres disposiciones finales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y abrogatoria.
Fuente: Prensa Diputados
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