La norma, que pasó a la Cámara de Diputados, establece cárcel de tres a ocho años para quienes trafiquen tierras y avasallen predios, y ambas penas se incrementarán en un tercio si quien cometa el ilícito es funcionario público de alguna de las entidades relacionadas con la temática.
El proyecto de ley también señala que el Tribunal Agroambiental será la institución que recibirá las denuncias y una resolución de esa entidad servirá de base para el juicio penal que se tramitará ante el Ministerio Público.
El 12 de diciembre, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño manifestó que el proyecto de la ley contra avasallamientos prevé otorgar garantías al sector productivo que tenga sus tierras saneadas.
'Esta ley genera procedimientos ágiles si se produce un avasallamiento en una tierra productiva y que tiene título de propiedad saneado. Se podrá desalojar inmediatamente al avasallador, habrá garantías para quien tiene una propiedad saneada y esté produciendo, que no se le paralice su producción por meses o semanas', explicó.
De acuerdo con la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (ASPP), citada por el matutino La Razón, en Santa Cruz existen 115 predios tomados y esa acción ya causa perjuicio a la producción.
La ley fue impulsada de manera rotunda por la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Cochabamba, ya que se trata de un problema que afecta de manera directa el entramado productivo y social del área metropolitana de Cochabamba y sus municipios aledaños.
Fuente: ABI
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