PD (21-02-13).- El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó este jueves, en su estación en detalle y con modificaciones, el Proyecto de “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, luego de un debate que se prolongó durante todo el día. Esta Ley tiene el objetivo de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna, el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien.
Según argumenta la Ley y como lo han manifestado parlamentarios, tanto opositores como oficialistas, el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
Los Órganos del Estado las instituciones públicas y las Entidades Territoriales Autónomas adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio.
Debido a las propuestas realizadas por la oposición, se modificó el artículo sexto, que define a la violencia a cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.
Se creará el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE), que reorganiza el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la información de los servicios públicos y privados, que se inscribirá en un Registro Único sobre la violencia en razón de género.
Esta norma establece medidas preventivas en el ámbito comunitario, educativo, laboral y de salud, además instituye que los medios de comunicación deberán adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación a la difusión de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres o que refuerzan o justifican la tolerancia o que atenten contra los derechos de las mujeres, acciones que serán reguladas por el Ministerio de Comunicación.
Las mujeres que se encuentren en situación violenta, podrán recibir apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal, donde deben ofrecer a las víctimas servicios de manera prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria, en coordinación con todas las instancias estatales de garantía, en especial con la Policía Boliviana, el Órgano Judicial e instituciones de salud. El servicio deberá ser extensivo a hijas e hijos de las víctimas.
Sin embargo, esta propuesta legislativa también contempla la rehabilitación de los agresores por orden de la autoridad jurisdiccional competente, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. Entre tanto, las víctimas gozarán de medidas de protección para impedir un hecho de violencia o garantizar la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.
La jefa de la Bancada del Movimiento Al Socialismo, Flora Aguilar felicitó y agradeció a todos sus colegas el trabajo que se ha hecho en beneficio de la sociedad.
Las denuncias de las víctimas se recibirán en la Policía Boliviana y el Ministerio Público y a fin de promover la denuncia se podrá acudir también los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, Servicio o ante autoridades indígena originario campesinas.
Otro aspecto novedoso, que presenta la norma es la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, como organismo especializado de la Policía Boliviana, encargado de la prevención, auxilio e investigación de hechos de violencias hacia las mujeres y la familia, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con el Ente Rector y otras entidades públicas y privadas.
Para la implementación de la presente ley, todas las instituciones públicas involucradas deberán realizar los ajustes necesarios en sus presupuestos institucionales de la gestión 2013; adicionalmente, el Tesoro General de la Nación asignará recursos a las entidades del nivel central, de acuerdo a disponibilidad financiera, de acuerdo a los plazos establecidos.
En ese contexto, se asignan presupuestos sensibles a Género, que son los que se orientan con carácter prioritario a la asignación y redistribución de recursos hacia las acciones públicas y toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión social y económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en situación de violencia y las que son más discriminadas por razón de procedencia, origen, nación o pueblo, posición social, orientación sexual, persona con discapacidad o condición económica, estado civil, embarazo, idioma o posición política.
Concluida la sesión, que se prolongó durante toda la jornada, La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada remitió el proyecto de Ley a la Cámara de Senadores para su posterior tratamiento y aprobación.
Fuente: Prensa Diputados
