El anuncio fue realizado esta mañana en conferencia de prensa precisando que la misma está fundamentada en la labor de control social impuesta por el Art. 158 numeral 17 y Art. 241 parágrafo III de la Carta Magna.
“En el marco de las funciones de fiscalización que la Constitución asigna a los asambleístas estoy presentando denuncia contra los miembros del Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos de Incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, previstos en los Arts. 154 y 153 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción”, explicó tras agregar que la denuncia está dirigida, mediante carta, al Presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío Chávez.
El entrevistado justificó su denuncia en razón de que las autoridades referidas, en lugar de mejorar la infraestructura de la administración de justicia, se dedicaron a crear más cargos administrativos incumpliendo las atribuciones establecidas en el Art. 183 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial en materia de control y fiscalización, políticas de gestión y recursos humanos.
Pereira informó que a nivel nacional existen aproximadamente 800 jueces, sin embargo el personal administrativo bordea los 2 mil. “El mundo litigante demanda más juzgados, jueces, no más burocracia administrativa para brindar un efectivo servicio a la población que reclama de mayor trabajo al Órgano Judicial”, declaró.
Por otra parte indicó, que el Consejo de la Magistratura, no ha dado cumplimiento al mandato de revisar el Escalafón Judicial, establecido por la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, manteniendo hasta la fecha los cargos declarados transitorios en desmedro de la institucionalización.
Cabe mencionar que los miembros del Consejo de la Magistratura son: Cristina Mamani Aguilar, Roger Gonzalo Triveño Herbas, Wilma Mamani Cruz, Wilber Choque Cruz y Lic. Freddy Sanabria Taboada; Presidenta, Decano y Consejeros.
Por otra parte observó que en lugar de realizar auditorías jurídicas a jueces con antecedentes de corrupción y se los sancione, más bien se los hizo rotar llevándoles como jueces a las provincias.
Referente a la infraestructura judicial de Cochabamba, el diputado criticó que hasta hoy no se ha solucionado el problema de los ascensores generando un suplicio para la gente de la tercera edad y usuarios en general que deben trajinar desde planta abaja hasta el piso noveno.
Fuente: Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Cochabamba
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