Entre las tareas prioritarias del Consejo está la asignación de recursos a la Policía y el desarrollo de un plan de emergencia, con el que se prevé registrar a las empresas de radiotaxis e implementar la Tarjeta de Identificación del Conductor en el transporte público.
“Se ha conformado el Consejo de Seguridad, como una muestra de organización y aplicación de la Ley de Seguridad, que le da varias atribuciones como la aprobación de programas, enmarcados en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012- 2016”, expresó el director departamental de Seguridad, Henry Terrazas.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana las gobernaciones y alcaldías deben comenzar a trabajar en planes sostenidos, que reduzcan la percepción de inseguridad en la población, remarcó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar.
En la posesión del Consejo Departamental, el Viceministerio explicó que la Ley 264 prevé la aplicación de un plan de emergencia que contempla acciones puntuales como el encomendar a las alcaldías la realización de un registro de empresas de radiotaxis y la implementación de la Tarjeta de Identificación del Conductor (TIC).
El gobernador, Edmundo Novillo, manifestó que la Ley 264 define los recursos con los que deben aportar las instituciones para los proyectos de seguridad ciudadana.
En tanto, el Viceministerio de Seguridad adelantó que en las siguientes semanas la Aduana Nacional debe transferir a la Policía Boliviana al menos 200 vehículos para ampliar el patrullaje en el país.
Fortalecimiento
Uno de los pilares de la nueva Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es el fortalecimiento de la Policía a través de proyectos como el incremento del parque automotor y una mejor distribución del personal.
Dentro del plan de emergencia se le ha pedido a la Policía que realice un diagnóstico y redistribución del personal de acuerdo a la densidad poblacional y la incidencia de delitos, que deberá estar concluido antes de 2012.
Otro de los proyectos en carpeta es la construcción de una nueva cárcel en Cliza, donde el municipio ha cedido una extensión de 10 hectáreas a la Dirección de Régimen Penitenciario, para un nuevo penal.
Según el director de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, el objetivo es concluir hasta 2012 el proyecto a diseño final y comenzar con la construcción en 2013.
Composición
El primer Consejo Departamental está conformado por el Gobernador, Edmundo Novillo, un representante de la Asamblea Legislativa Departamental, la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Cochabamba, la Alcaldía, el Concejo Municipal, la Federación Departamental del Autotransporte, el Transporte Libre, la Federación Única de Campesinos, la Organización de las Bartolina Sisa, la Federación de Empresarios, la Policía y Fiscalía de Distrito.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue el encargado ayer de posesionar a los representantes del Consejo que estivieron presentes en el acto.
El trabajo del Consejo empezará a desarrollarse de manera inmediata con los proyectos prioritarios para la región.
Una ley asegura recursos para apoyar a la Policía
El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, informó que uno de los logros de esta ley es el asegurar que las gobernaciones y alcaldías destinen recursos para seguridad ciudadana.
Según el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, a partir de 2013 los recursos para proyectos de seguridad ciudadana se incrementarán considerablemente con la asignación de hasta 10 millones de bolivianos para equipar a la Policía, la instalación de cámaras de seguridad, realizar campañas preventivas y otras actividades.
En los últimos tres años, el presupuesto departamental para seguridad ciudadana no superó los 4 millones de bolivianos. En 2012 los recursos llegan a 2,5 millones de bolivianos, de los cuales cerca de un millón se destina a la compra de combustible para los vehículos de la Policía y la alimentación del personal de los módulos policiales.
Según Baldelomar, los municipios con una población mayor a los 50.000 habitantes deben destinar como mínimo el 10 por ciento de sus ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); en cambio, aquellos con una población menor deben invertir hasta el 5 por ciento.
Fuente: Los Tiempos
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