PC (6-05-13).- Nueve normas fueron aprobadas a partir de la llegada de Evo Morales al Gobierno, cuyo principal objetivo fue garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.“El Gobierno del Presidente Morales ejecuta políticas sociales y económicas dirigidas a favorecer a la clase obrera a través de varias medidas”, expresó el ministro de Trabajo y Previsión Social, Daniel Santalla.
Entre las principales de estas medidas legales, la autoridad enumeró la protección del fuero sindical, la despenalización de la huelga, la inamovilidad laboral de progenitores, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la incorporación de un sector de los trabajadores municipales a la Ley General del Trabajo, la tolerancia para realizarse los exámenes de Papanicolaou y mamografía para las mujeres, protección laboral para personas con discapacidad, la tolerancia de tres días para padres progenitores, el premio nacional a las buenas prácticas en gestión pública.
Despenalización de la huelga y fuero sindical
La Ley 316, de 11 de diciembre de 2012, ratifica el derecho constitucional a la huelga y protección del fuero sindical y saca del ámbito penal las acciones y medios legítimos que usan los trabajadores y sus organizaciones para defender y reivindicar sus conquistas sociales y laborales.
Este logro fue una exigencia de la clase trabajadora porque en gobiernos dictatoriales y neoliberales usaron esta norma como instrumento para penalizar, criminalizar y perseguir a dirigentes sindicales.
Esta ley modifica el Art. 232 del Código Penal, con la siguiente redacción: “El que impida o entorpezca el desarrollo normal del trabajo o la producción, invadiere u ocupare establecimientos industriales, agrícolas o mineros, o causare daño en las máquinas, provisiones, aparatos o instrumentos en ellos existentes, será sancionado con privación de libertad de uno a ocho años”, señala la norma.
Además deroga el artículo 234, que sancionaba a quien o quienes promovieren huelgas o paros declarados ilegales por las autoridades del trabajo, debiendo ser sancionados con privación de libertad de uno a tres años y multa de cien a trescientos días.
Leyes sociales para la salud y la familia
La Ley 252 establece que las servidoras pueden disponer de una jornada laboral para someterse a un examen de Papanicolaou y/o mamografía.
El reglamento de la norma, Decreto Supremo 1496, establece el fraccionamiento del día de asueto en dos medias jornadas. La primera para la realización de la prueba y, si corresponde, el examen de mamografía; en tanto que la segunda será para conocer los resultados de las pruebas.
El 1 de mayo de 2012 se aprobó el Decreto Supremo 1212, que otorga licencia de tres días al trabajador por paternidad a partir del alumbramiento de la cónyuge o conviviente de la trabajadora del sector privado, con el goce del cien por ciento de su total ganado.
Normas laborales
La primera de estas normas figura en el artículo 72 de la Constitución Política del Estado, que establece que las personas con discapacidad requieren de acciones del Estado para garantizar sus beneficios.
En ese marco, se aprobó la Ley 223, que instituye la inamovilidad de las personas con discapacidad que cuenten con una fuente laboral en el sector público y privado, de sus cónyuges, de padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su despido.
Otra de las normas laborales aprobadas en 2012 es la que regula el trabajo de las y los trabajadores del hogar a través de la Ley de Ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este convenio establece la protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores domésticos y la protección efectiva contra todas las formas de abuso y violencia.
A esta normativa se añade la Ley 321, aprobada en diciembre de 2012, que incorpora a los trabajadores municipales de las nueve capitales de departamento, además de El Alto, a la Ley General del Trabajo, tras doce años de haber sido excluidos.
Aunque es menos conocida, los trabajadores cuentan con otra norma que establece el Premio Nacional a las Buenas Prácticas, con el objetivo de que la gestión pública cuente con una política de incentivos, que identifique a las entidades públicas que incorporen mejora continua en la prestación de servicios de calidad a la población. Es el Decreto Supremo 1400, aprobado en noviembre de 2012.
Fuente: Cambio
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