Durante la sesión, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, explicó los objetivos y alcances del proyecto de ley que busca desarrollar “la matriz productiva, reducir la pobreza y desigualdades regionales, como objetivos de desarrollo, de bienestar, y no sólo mecanismos de flujo para el ingreso de recursos”.
El proyecto regula y orienta las inversiones hacia actividades económicas que impulsen el desarrollo económico y social del país, generen empleo digno y contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la reducción de desigualdades económicas, sociales y regionales. Pretende constituirse en un instrumento útil que posibilite atraer inversiones y alcanzar mayores niveles de crecimiento económico.
El proyecto de ley consta de 29 artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y una disposición abrogatoria.
Luego de determinar el objeto y ámbito de aplicación, el proyecto establece los principios que regirán las inversiones: soberanía y dignidad, cambio de matriz productiva, respeto mutuo y equidad, economía plural, seguridad jurídica, madre tierra, simplicidad y principio de transparencia.
En el capítulo segundo, la norma regula el tratamiento a las inversiones, estableciendo que el Estado, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del resto, cumple el rol de promotores y protagonistas del desarrollo económico y social del país.
De igual manera establece la exclusividad que tiene el Estado en la dirección, control y regulación de los sectores estratégicos de la economía del país, por lo que las inversiones realizadas deberán contribuir al desarrollo económico y social con equidad.
El proyecto también determina los tipos de aportes que los inversionistas podrán realizar, las condiciones que se deberán cumplir una vez realizadas éstas, además de regular a las Empresas Grannacionales, conformadas por aportes estatales bolivianos y aportes estatales de países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Incentivos y solución de controversias
Respecto a los incentivos, el proyecto de ley establece dos tipos de incentivos, generales y específicos, que podrán ser otorgados por el Estado a las inversiones realizadas en el país. Su vigencia estará entre uno a 20 años, dependiendo de los resultados que arroje el seguimiento periódico a cargo de los ministerios sectoriales.
Respecto a los mecanismos de Solución de Controversias, establece que todo conflicto que surja entre inversionistas se solucionará en las formas y condiciones establecidas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, quedando prohibida la nacionalización de las inversiones realizadas, las excepciones a ésta y el procedimiento en caso de producirse la nacionalización.
Finalmente, el proyecto determina los delitos contra la inversión, incorporando al Código Penal los de: Invasión o Destrucción de la Inversión Estatal Productiva, Privada o mixta; y Estados Financieros.
Fuente: Prensa Diputados
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