“Esta norma ha sido consensuada más de un 90% con la Policía Nacional, la Fiscalía, y con otras organizaciones, y como es una ley que necesitamos que sirva al pueblo, y que nos dé las directrices de seguridad ciudadana, hemos determinado diferir su tratamiento para mañana. Voy a convocar a los Jefes de Bancada a las 11:00, para ver si hay algunas observaciones, y a las 14.30 estaríamos ya tratando esta ley”, explicó la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado en sesión plenaria.
Esta norma tiene por objeto articular y coordinar de manera eficiente las políticas, planes, proyectos y programas nacionales, departamentales, municipales, e indígena originario campesinas, emergentes del poder público y de la sociedad.
Asimismo, pretende asegurar el libre ejercicio de los derechos, garantías y libertades constitucionales, además de promover la paz y tranquilidad social.
El documento establece la creación de consejos departamentales, municipales, e indígena originarios, de seguridad ciudadana, que tendrán la facultad de aprobar planes, proyectos y programas de prevención en este ámbito e impulsar los mecanismos que aseguren la activa participación de la sociedad civil.
En ese marco, también se creará un Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que recopilará, procesará, analizará e interpretará la información sobre este campo, los delitos y otras conductas directa e indirectamente relacionadas con esta problemática.
En lo que se refiere a los recursos económicos, esta propuesta establece que gobernaciones y municipios asignen el 10% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Esta norma también determina la creación de una unidad aéreo-policial, que contará con helicópteros, para el control y seguimiento a la delincuencia.
Fuente: Prensa Diputados
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