"Con esta ley vamos a obligar a que todas las empresas industriales, petroleras, mineras y otras tengan que tratar el agua para que recién puedan echarla para almacenar aguas subterráneas", dijo.
En una reunión de coordinación con regantes, sostuvo que la normativa permitirá aplicar sanciones luego de un seguimiento permanente del cumplimiento de requisitos que plantearon para contar con una licencia ambiental.
Aseguró que la puesta en vigencia de ese instrumento legal será fundamental, porque existe preocupación por el vertido de agua contaminada con diferentes químicos en ríos, lagunas y otras reservas.
"Es preocupante, porque el agua que viene de una empresa mineras, por ejemplo, arrastra líquidos como el mercurio, y esa agua más abajo quién consume; las mismas personas, el ganado y arruina la tierra", añadió.
El artículo 93 del proyecto de ley menciona que el régimen de sanciones por faltas leves, medianas, graves y muy graves se establecerá en el reglamento del caso.
Sin embargo, el artículo 96 adelanta que se podrá incluir la suspensión temporal o la revocatoria definitiva de 'derechos de uso de agua a los que no sean agua para la vida', sin dejar exenta la posibilidad del inicio de procesos civiles o penales.
Asimismo, anunció que se prevé realizar un taller con las organizaciones sociales de los nueve departamentos del territorio nacional.
Quispe dijo que en el proceso se recordará que el instrumento legal declara al derecho al agua para la vida es fundamental, ofrece seguridad jurídica sobre la propiedad de las fuentes y prevé reducir al máximo su contaminación.
Finalmente, mencionó que la propuesta normativa ofrece garantías en las inversiones, para dotar el líquido elemento, tanto de consumo humano y riego, como el caso de la ejecución de programas como "Más inversión para el agua, mi agua", entre otros, aplicados para poblaciones con menos de 2.000 habitantes.
Fuente: ABI
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