El proyecto tiene el objetivo de establecer los derechos de los usuarios y consumidores en relación a los proveedores de servicios y productos, así como establecer garantías en la provisión de los servicios básicos, médicos, bancarios y financieros.
El artículo 20º de la Constitución Política establece como responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos que deben responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, entre otros.
En este sentido, entre sus disposiciones el proyecto establece el derecho a la salud y la integridad física, el derecho a la alimentación y sus condiciones y el derecho a la información sobre las características y contenidos de los servicios y productos.
Asimismo quedan establecidos el Derecho al Trato Equitativo del consumidor, el Derecho a la Libre Elección de productos y servicios y el Derecho a la Reclamación, así como otras disposiciones relacionadas con estos ámbitos.
En su exposición de motivos el Proyecto sostiene la necesidad del Estado de “asumir un rol más enérgico en lo que se refiere a la protección y defensa de los derechos de las personas”, por lo que con esta normativa prevé la complementación de las labores de las denominadas Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs).
Según la justificación del proyecto, Bolivia es el único país en América del Sur que no cuenta con una ley especial de defensa y protección de los derechos de las personas en su calidad de consumidores y usuarios.
Consumo Responsable
El Proyecto presentado por la Comisión de Economía Plural de la Cámara baja establece además las condiciones para garantizar el consumo responsable y sustentable de los bienes y servicios, “buscando promover un consumo solidario, socialmente justo, respetuoso de las personas y las culturas, en armonía con la Madre Tierra”.
En este sentido, la normativa se sustenta también en los principios del Vivir Bien, al defender un consumo responsable y sustentable de productos y servicios, en armonía y equilibrio con la naturaleza.
Para garantizar el ejercicio de los derechos de usuarios y consumidores, el proyecto establece además disposiciones dirigidas a la educación y formación sobre estos derechos entre la ciudadanía, por lo que prevé que el Ministerio de Educación, incorpore en los currículum educativos “contenidos sobre los derechos de los usuarios y consumidores, y el consumo responsable y sustentable”.
Con estas medidas el proyecto pretende además la superación “del modelo neoliberal y colonial” de consumismo impuesto por aparatos ideológicos de dominación y una educación alienante y colonizadora.
El Proyecto de Ley General de los Derechos de Usuarios y Consumidores consta de 62 Artículos, divididos en 6 Capítulos, 3 Disposiciones Finales y 1 Disposición Abrogatoria y Derogatoria.
Fuente: Prensa Diputados
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