El informe presentado al pleno camaral por los diputados Juan Carlos Cejas, Ever Moya y Carlos Aparicio, incluye 21 conclusiones y 10 recomendaciones, entre las que destaca la dirigida al Consejo de la Judicatura, al Fiscal General y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que realicen una auditoría jurídica a los procesos de los privados de libertad fallecidos y heridos en Palmasola y posterior derivación a la Cámara de Diputados en un plazo de 30 días.
Se dispone además que el Fiscal General del Estado realice auditorias jurídicas en todos los centros penitenciarios del país en casos de privados de libertad por delitos relacionados a la Ley 1008.
Una cuarta resolución camaral dirigida al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que se dé cumplimiento al principio de celeridad para que a través del presidente departamental de Justicia y el Fiscal, ambos de Santa Cruz, se prioricen las audiencias de aquellos privados de libertad en Palmasola, adultos mayores, enfermos terminales, enfermos de Sida y mujeres en gestación o con niños menores de 1 año.
Se recomienda al ministro de Gobierno, Carlos Romero, en coordinación con la Gobernación del departamento de Santa Cruz y la Alcaldía cruceña, priorizar de manera inmediata la construcción de un recinto penitenciario en ese departamento, con los requerimientos mínimos establecidos por las Naciones Unidas.
Se instruye también, que a través del comandante nacional de la Policía Boliviana se incremente el número de efectivos policiales tomando en cuenta la cantidad de internos que se encuentran en el centro de rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” y se realice la investigación sobre cobros irregulares que supuestamente realizan algunos efectivos policiales.
El informe aprobado, señala que actualmente los efectivos policiales con los que cuenta el penal de Palmasola suman 133 entre jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y policías, los cuales están dirigidos por dos coroneles.
El Gerente General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en coordinación con las Gobernaciones y Municipios de todo el país, a través de una minuta de comunicación, deberá realizar la instalación de inhibidores de llamadas que impidan la señal de teléfonos celulares en todos los centros penitenciarios del Estado Plurinacional de Bolivia.
De igual manera se recomienda al presidente del Tribunal Supremo de Justicia que instruya la realización de auditorías jurídicas de los 504 casos de privados de libertad que se beneficiaron con la cesación de la detención preventiva y se encuentran recluidos en Palmasola.
Fuente: Prensa Diputados
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