PD (20-12-12).- Después del debate, que se mantuvo por varias horas, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó este miércoles, en sus estaciones en grande y detalle, con modificaciones, el proyecto Nº 208/2012-2013, Ley de Migración, cuyo objeto es regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y coordinar políticas migratorias que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras.
“Esta Ley es integral porque regula el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio boliviano y coordina políticas migratorias que garantizan los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras; también estamos tomando en cuenta el retorno de los bolivianos a nuestro país y del migrante climático”, aseveró la presidenta de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, diputada Ingrid Zabala, quien afirmó que la propuesta tuvo la aprobación, tanto de diputados y diputadas de oficialismo como de la oposición.
La parlamentaria informó que desde el mes de marzo, la Comisión viene realizando con diferentes organizaciones, un trabajo arduo, difícil y complicado en la compatibilización de varios proyectos de migración y en la legislación comparativa con proyectos de España, Ecuador y Argentina, además de la socialización respectiva en los países donde radican los bolivianos.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado ponderó el esfuerzo de la Comisión durante la construcción de la ley, en cuyo proceso fueron partícipes diferentes instituciones.
“Felicitar a la Comisión, porque realmente ha sido un trabajo colectivo con diferentes organizaciones nacionales e internacionales, hemos estado todo el año esperando la Ley y esperamos que esta primera Ley de Migración en el país sea realmente de mucha utilidad para la protección de los bolivianos y bolivianas en el exterior como para los extranjeros que viven en Bolivia”, expresó Delgado.
Participaron activamente, integrantes de la Organización Internacional del Migrante, las organizaciones de mujeres, residentes bolivianos en otros países (Chile, Argentina, España y otros), Ministerios y organizaciones de la sociedad civil, según Zabala.
Además de la Constitución Política del Estado, el proyecto de ley tiene como bases legales, los decretos que rigen actualmente el régimen migratorio en el país, la Ley de Protección a Personas Refugiadas, la Ley de Trata y Tráfico de Personas, y las declaraciones universales de Derechos Humanos y los tratados a nivel internacional que Bolivia ha ratificado, según la diputada.
Los beneficios de esta propuesta alcanzan a las personas migrantes extranjeras que se encuentren en el territorio nacional y a las bolivianas y los bolivianos en el exterior. Sin embargo, no es aplicable a los representantes y funcionarios de Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales o intergubernamentales con sede en Bolivia, así como los miembros de misiones diplomáticas permanentes o especiales que ingresen y permanezcan en el país.
Bolivia suscribirá convenios con los Estados en los que residen migrantes bolivianas y bolivianos, a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de aquellos Estados receptores, según Zabala.
La norma faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Misiones Diplomáticas y Consulares, promover el respeto y protección de los derechos fundamentales de las y los bolivianos en el exterior además de presentar ante las autoridades del país donde se encuentren, las acciones pertinentes para garantizar el respeto de los derechos e intereses de las personas naturales y/o jurídicas cuando corresponda.
Zabala aseguró que el proyecto de Ley atribuye al Ministerio de Gobierno, la formulación, dirección y aprobación de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales migratorias.
Se instituye el Consejo Nacional de Migración, que es la instancia de coordinación, cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones migratorias y está formado por las Ministras o los Ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y Trabajo, Empleo y Previsión Social, entre otros Ministerios cuando se requiera convocarlos sobre temas de sus respectivas competencias, según explicó la presidenta de la Comisión.
En ese contexto, el artículo 54 de este proyecto señala que el Consejo Nacional de Migración generará políticas efectivas de protección, atención, vinculación, retorno y reintegración de las bolivianas y bolivianos en el exterior que voluntariamente soliciten su retorno al país y lo hagan conocer a las respectivas Misiones Diplomáticas de nuestro país en el exterior.
Asimismo, establece la creación de la Dirección General de Migración, que es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Gobierno, con una estructura propia y jurisdicción nacional.
El órgano de coordinación del Consejo Nacional de Migración, llegaría a ser la Secretaría Técnica, que según el proyecto, estará a cargo de la Directora o el Director General de Migración y contará con el apoyo de un equipo técnico conformado por profesionales y especialistas en el área para cumplir las tareas que le asigne el Consejo Nacional de Migración.
Las personas migrantes extranjeras gozarán en igualdad de condiciones que las nacionales, de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los Instrumentos Internacionales de los cuales el Estado Boliviano sea parte. Tienen derecho a la protección administrativa, judicial, debido proceso, a las garantías previstas en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico, además están sujetos al cumplimiento de deberes.
Las organizaciones de defensa de los inmigrantes, constituidas legalmente en el Estado Plurinacional de Bolivia y registradas en la Dirección General de Migración, estarán legitimadas para intervenir en los procedimientos administrativos y judiciales, en resguardo de sus derechos, según la normativa.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado remitió el proyecto de ley a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión.
Fuente: Prensa Diputados
