“En el pasado hicieron normas para castigar a los trabajadores, por eso hay víctimas, muchos y muchas, sobre la penalización, detenciones, seguramente muchos dirigentes, especialmente de aquellos tiempos del 70, del 80 deben recordar, hemos sido conducidos en ambulancias para ser detenidos, acusados de subversivos, de rojos, de comunistas, sólo por defender el derecho de los trabajadores”, manifestó el presidente Morales.
En ese sentido, aseguró que en algún momento su hermano Presidente puede equivocarse, pero jamás traicionar a la clase trabajadora.
En el acto de promulgación también participaron el vicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores e invitados especiales.
A su vez, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, recordó que el Código Penal vigente fue elaborado con el objetivo de proteger a los empleadores y sancionar a los obreros cuando protestaban para proteger sus derechos.
“Es importante recordar que el Decreto Ley de 1970 que aprueba y promulga el Código Penal fue promulgado en el Gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez y en el título referido contra la economía nacional, la industria y el comercio, se penalizaba la huelga y el fuero sindical con penas privativas de libertad de hasta ocho años, e inclusive también se penalizaba con el pago de multas”, recordó.
En ese marco, explicó que el objetivo principal de la norma promulgada es eliminar esa penalización al veto del derecho de los trabajadores a realizar huelgas como manera de protesta.
“Esta Ley apunta a devolver en su integridad el derecho inalienable de los trabajadores a la huelga y la protección del fuero sindical, esta Ley es muy breve en su texto, pero muy amplia en su proyección y en la reivindicación de los derechos laborales del pueblo boliviano”, aseguró la Ministra.
Precisó, que el artículo segundo se modifica el artículo 232 del Código Penal que señala “que la persona que impida o entorpezca el desarrollo normal del trabajo o de la producción, invadiere u ocupare establecimientos industriales, agrícolas o mineros, o causare daños en las maquinarias, provisiones, aparatos o instrumentos en ellos existentes será sancionado con privación de libertad de uno a ocho años”, es decir, que la Ley 316 deslinda de responsabilidad al trabajador o dirigente sindical de cualquier daño que existiera durante un conflicto obrero–patronal.
Asimismo, indicó que el último artículo de la norma (316) deroga el artículo 234 del Código Penal y que los procesos pendientes por la realización de huelgas serán continuados con la nueva norma laboral.
Destacó, que la Ley Nº 316 fue consensuada entre los trabajadores, los ministerios de Trabajo y Justicia, y anunció que se está elaborando nuevas normas a favor de la clase obrera, como la Ley General del Trabajo y el Código Procesal de Trabajo.
Asimismo, resaltó la voluntad del presidente Evo Morales para devolver a los trabajadores sus derechos mediante la elaboración de normas. “Se está desmontando toda esa entelequia jurídica que vulnera los derechos y garantías”, precisó.
Fuente: Prensa Vicepresidencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario