Durante el taller internacional “Hacia el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en Bolivia”, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de Relaciones Exteriores, el especialista en Recursos Hídricos, Saneamiento y Gobernanza compartió experiencias exitosas en el acceso al agua y saneamiento en América Latina, derivado de su trabajo en varios países de Sudamérica, México y Centro América por más de 25 años.
Rojas Ostuste señaló que en los últimos años, los países de América Latina y El Caribe hicieron esfuerzos importantes por reducir la desigualdad e inequidad en cuanto al acceso a los servicios básicos, y lograr un mayor consenso para ser más eficaces en el combate de la pobreza, en el que uno de los elementos centrales e inequívocos es el acceso al agua potable y saneamiento, pero que aun las cifras reflejan situaciones intolerables que deben llamar a la reflexión a los Estados.
“¿Cómo estamos en América Latina en términos de acceso a agua y saneamiento?, de acuerdo al último reporte del Programa de Monitoreo Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicada hace tres semanas, habla de que América Latina tiene una población 597 millones de habitantes, 475 en zonas urbanas y el resto en rurales; es decir, el 79 por ciento (%) en zonas urbanas y 21% en zonas rurales, y en comparación a los años 90 hubo un proceso de urbanización creciente”, señaló.
De estas 597 millones de personas dijo el experto, que 36 millones carecen aún de servicios de agua potable mejorado; es decir, toman de un río o una sequia, 108 millones de habitantes -cercana a la población de México- no cuentan con saneamiento mejorado, lo que significa que tienen una letrina en lugar de inodoro, o que de estos 108 millones de habitantes, 24 millones todavía tienen defecación al aire libre.
“Eso impone un desafío en América Latina, que hoy por hoy es inaceptable, no se puede permitir que haya gente que defeque al aire libre porque va mas allá de temas de salud, es un tema de justicia social”, dijo.
En un diagnóstico sobre el comportamiento de las inversiones públicas dijo que un problema generalizado en los países latinoamericanos fue la insuficiencia de inversión para el saneamiento básico, además de insuficiencia en la ejecución presupuestaria para estos temas.
Llamó la atención que en la mayoría de los países latinos, las normas establecen que la conexión a las redes externas de alcantarillado está subvencionada por el Estado, pero que las conexiones internas están a cargo de los propios usuarios, e incluso se establecen multas a quienes no se conectan a las redes principales.
“Pero qué pasa cuando al usuario no tiene recursos para conectarse a la red, cuando establecemos en una política que debe integrarse, pero no se ve la integridad del problema, entonces la conexión no es efectiva”, señaló.
Otra traba para no universalizar el derecho al agua potable y al saneamiento dijo Rojas, es el hecho de que los municipios no se hacen cargo de proveer servicios básicos a las zonas consideradas de asentamiento ilegal, pero que a la larga eso implica afectación a la propia institucionalidad.
“Es un problema que la Empresa Pública de Servicio de Agua y Saneamiento (EPSAS) debe atender las conexiones, debe saber que no es bueno hacer caso omiso porque eso incide en agua no facturada y es una serie de indicadores”, dijo.
Señaló que en Brasil, a pesar de considerarse a las favelas como zonas ocupadas no legales, los municipios se hicieron cargo de proveerles servicios básicos, al igual que en Medellín Colombia, donde los propios beneficiarios resultaron ser capacitados para tender redes de conexión y ejercer representación vecinal con amplia participación, mientras que en Perú se duplicaron las inversiones coordinadas entre el Gobierno nacional con los gobiernos subnacionales para avanzar más rápidamente en la respuestas a las demandas.
A propuesta de Bolivia, el 28 de julio de 2010 a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable limpia y al saneamiento, como elementos esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
De acuerdo a datos oficiales al año 2011, Bolivia alcanzó una cobertura en agua potable del 78 por ciento, como parte de los compromisos asumidos para alcanzar hasta el 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para reducir la extrema pobreza hasta la mitad.
Fuente: PIEB
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